POR cuentas bancarias del Grupo Cap Cana fueron embargadas por 139 millones de pesos, por un empresario desalojado de unos terrenos de su propiedad. Fue favorecido por el Tribunal Superior de Tierras que le reconoció derechos y ordenó al emporio turístico el pago de ocho millones 806 mil dólares.
El embargo fue hecho por Roberto Baldera Vélez, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, a nombre del señor Manuel Emilio Gómez Pión, amparado en la sentencia 2109 del Tribunal Superior de Tierras, mediante el acto de alguacil 411-2008.
Uno de los bancos notificó a los abogados de Gómez Pión, doctores Ulises Cabrera, Luis Soto, Manuel Cáceres Genao y Jorge Lora Castillo, que al momento de la notificación en las cuentas de Cap Cana había depositados 139 millones 209 mil 031 pesos con 53 centavos.
Esa suma está distribuida en dos cuentas, una de 3 millones 975 mil 080 dólares, más 6 millones 233 mil 951 pesos.
El embargo fue notificado a los bancos por 17 millones 612 dólares o su equivalente en pesos, ascendentes a 618 millones 181 mil 200 pesos.
El Tribunal Superior de Tierras acogió la validez de un acuerdo de intención firmado entre las partes el 18 de octubre de 2003 y condenó al grupo Cap Cana al pago de 8 millones 806 mil dólares a favor del empresario.
La decisión fue adoptada por los jueces Virginia Concepción de Pelletier, Luis Marino Álvarez Alonzo y Luz Berenice Ubiñas Renville de Barinas, luego de declarar la validez del acuerdo firmado entre Ricardo Hazoury Toral y Gómez Pión.
Según el convenio de intención, Miniari o Cap Cana se comprometieron a pagarle a Gómez Pión 8 millones 806 mil dólares por varias mejoras y la posesión de un millón 761 mil 200 metros cuadrados en la parcela 367-B-15-Ref-32 del Distrito Catastral número 11, Jina Jaragua, paraje Juanillo, en Higüey, amparada en el certificado de títulos no. 73-189, expedido por el registrador de El Seibo.
Ambas compañías se comprometieron a pagar al demandante 5.00 dólares por metro.
Gómez Pión, a través de su abogado Jorge Lora Castillo, dijo que en cambio procedieron a desalojarlo y destruir su propiedad.
El certificado de título, duplicado del dueño, de las mejoras, número 73-189, fue expedido el 25 de noviembre de 1991.
miércoles, 22 de octubre de 2008
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